Parece que les ha llegado la hora de la privatización a los montes, a la naturaleza en suma. La Comunidad de Castilla-La Mancha está, por lo anunciado (y por lo denunciado), dispuesta a emprender la venta de los montes de utilidad pública (MUP) y ha encargado a su administración forestal que vaya seleccionando montes e incluido en presupuesto 45,6 millones de € de ingresos por ese concepto. No conocemos los criterios de esta selección. Sí, que la cuestión no es fácil porque los MUP son inalienables, imprescriptibles, e inembargables, como establece la Constitución en su artículo 132 y la ley de montes de 2006 vigente. Y también sabemos que el Estado, a través de su administración forestal, ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho conocimiento y mucho dinero para conseguir que lo fueran y para hacer los Catálogos que los incluyen y los protegen.
La desamortización propiamente dicha fue un proceso que duró más de un siglo, de 1821 a 1925. Fue la ley general de desamortización de 1855, la conocida como ley Madoz, la que más afectó a los montes, sobre todo porque por primera vez incluía los bienes de propios y comunes de los pueblos, que se tenían que vender aun contra su voluntad. Pero la propia ley arbitraba una serie de mecanismos de excepción, entre ellos la de aquellos montes que la Junta Consultiva de Montes considerara oportuno exceptuar de la desamortización por razones de utilidad pública. En un informe que no sin razón se ha llamado luminoso, y que apareció antes de terminar el mismo año 1855, la Junta dictaminó que los bosques y otras superficies forestales que debían quedar en manos públicas, preferentemente del Estado, eran los que ejercían “influencias sobre la física del globo”, en otras palabras aquellos cuyas funciones, hoy diríamos ambientales, sobre el agua, el aire y el suelo eran lo bastante importantes como para que prevaleciera la protección sobre la producción.
Cuento esto para poner de manifiesto algo que le da cierta singularidad al proceso de privatización de la tierra en España, más tardío que en otros países europeos: es que desamortización y primera conservación de la naturaleza han sido a la par, han sido procesos paralelos y complementarios; a la vez que se mandaba vender, se cuidaba de exceptuar de la venta lo que tuviera interés general. De ahí surgieron las primeras clasificaciones de montes exceptuados que con el tiempo culminaron en el Catálogo de Montes de Utilidad pública de 1901. Extraordinaria tarea, pienso yo que soy geógrafa, la que hicieron los pocos ingenieros de montes de aquellos años que tuvieron que proteger unas superficies forestales de las que apenas sabían algo, por lo que tuvieron que proceder con criterios generales de especie y cabida, y comprobar después sobre el terreno. En 1901 quedaba definido el MUP como aquel formado por masas arboladas y terrenos forestales que por sus condiciones pudieran garantizar la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos. A lo largo del siglo XX el catálogo se ha ido corrigiendo y completando, añadiéndoseles a los MUP otras funciones, como la fijación de CO2, el mantenimiento del paisaje, de ecosistemas y corredores ecológicos, de la red territorial de espacios naturales protegidos, recreo, etc. El Catálogo se ha reconocido como una de las principales herramientas de defensa de la propiedad forestal pública. Su llevanza ha sido transferida a las Comunidades Autónomas y en el caso de Castilla-La Mancha la actualización culminó a finales de 2007, con la catalogación de 918 Montes de Utilidad Pública que suman 814.325 ha, dos terceras partes de los cuales propiedad de las entidades locales.
En mi pertinaz e ingenua creencia en la gestión pública, lo que me sigue asombrando e indignando, es la facilidad y la frivolidad con que las administraciones públicas hacen una cosa para deshacerla años después, y a la inversa. En este caso el indiscutible éxito de la gestión pública ambiental que supuso el establecimiento y catalogación de los MUP va a ser desmontado sin muchas consideraciones, en función del argumento, tan liviano como interesado, que establece las ventajas genéricas de lo privado sobre lo público. Y sin dar explicaciones, como si la elección democrática de una mayoría de gobierno justificara cualquier acción arbitrista de la que evidentemente no se había hablado en el programa electoral. Baste para probar que no tiene los mismos efectos la propiedad pública de los montes que la privada, aun cuando se reconozca el carácter protector de montes de particulares, que mientras el Catálogo de MUP ha sido escrupulosamente llevado desde hace más de un siglo, el que tenía que haber sido su equivalente de montes protectores de titularidad privada nunca ha llegado realmente a ver la luz.
La idea de una desamortización de los montes para luchar contra el déficit fue planteada hace tres años por un economista y ex-ministro de agricultura de los gobiernos de UCD. Razonando que el déficit aprieta y que las propiedades forestales en manos públicas o “muertas” no tienen utilidad y generan más gastos que ingresos, se preguntaba por el sentido de mantenerles el carácter público siendo así que el Estado con anterioridad se había ido desprendiendo de sus propiedades industriales (siderurgias, navales, energía, aviación, etc.), financieras (banca oficial) inmobiliarias, y demás. Estimaba el autor incluso, con bastante desenvoltura, que se podrían vender entre 2,5 y 3,5 millones de hectáreas a un precio de 3.000 a 6.000 €/ha. Y se detenía en exponer cómo hacer alienable lo inalienable, empezando por el posible recurso a una pérdida de las circunstancias que dieron lugar a la condición de UP.
Al margen de que ya no se podría, tres años después, decir lo mismo de la banca -parte de la cual, como es sabido, ha ido de pública a privada, y de privada quebrada a pública- cabría preguntarse, como hace el Colegio de ingenieros de montes al prevenir contra la venta del patrimonio natural, ¿por qué entonces no vender también el patrimonio histórico-artístico? Si se sigue el razonamiento expuesto, si se han vendido las siderúrgicas ¿por qué no vender catedrales? También deben gastar más de lo que ingresan. Está el pequeño detalle de que son de la Iglesia, y que esta no contribuye por su patrimonio, pero también muchos montes son de los pueblos y esto no parece entrañar problemas para plantearse la venta. Y a lo mejor, no está de más recordar que en aquel siglo XIX de urgencias dinerarias se empezó por la desamortización eclesiástica, la de Mendizábal, antes de la civil.
Se dice que se piensan empezar las ventas por cuatro MUP de Toledo: el Dehesón del Encinar de Oropesa al pie de Gredos, la Nava de Don Diego en los Navalucillos, muy cerca de Cabañeros, y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa en los Yébenes. La sospecha se funda en el primer caso en que ha sido desmantelada la granja experimental agropecuaria que mantenía la Junta de Comunidades con investigadores del INIA, y vendido todo el ganado; en los otros tres casos, en que en fecha reciente se ha suprimido su condición de refugios de fauna con las restricciones cinegéticas correspondientes: el decreto afirma que se ha constatado que la explotación forestal y cinegética son compatibles con la conservación del medio natural y de sus recursos. Los cuatro montes son además propiedad de la Junta, que en total tiene 17, resultado de la política de compras a los pueblos por parte del Patrimonio Forestal del Estado de los años 1960 y 1970. De modo que estaríamos ante un caso patente de esas políticas públicas de ir y venir que antes comentaba: se compró para mejorar y conservar, se vende para rentabilizar los recursos mejorados, en particular la caza. Porque es obvio, el valor económico de estos montes y de la mayor parte de los terrenos forestales de Toledo, y de Castilla la Mancha es sobre todo el de sus recursos cinegéticos, y como tales la Junta los está explotando. Por su parte, las funciones de carácter general que desempeñan son las territoriales, ecológicas y paisajistas: albergan una rica diversidad de flora y fauna, sujetan el suelo, fijan el CO2 y constituyen paisajes culturales de enorme estima, el Dehesón, por ejemplo, como su nombre indica, es una espléndida dehesa.
Todo depende de las fincas, pero si nos atenemos a las señaladas, puede haber bastante interés de los grandes propietarios que las rodean por adquirirlas, sobre todo saneadas y mejoradas como están, bien comunicadas, y susceptibles de ser compradas en las actuales condiciones de mercado a precios bajos, si no de saldo. Hay en efecto otra cosa que comparten los cuatro montes y que permite anticipar su futuro inmediato: los cuatro tienen en torno a las 700 ha, es decir por encima de las 500 ha establecidas como superficie mínima para un coto de caza mayor. Como además están bien comunicadas, cercanas a Madrid, no descartemos tampoco la posibilidad de que se construyan en su día urbanizaciones o viviendas aisladas, ambas de lujo.
Y a los mejor lo hacen en nombre de la sostenibilidad ambiental y de la conservación del paisaje. No sería el primer caso. Algunas Comunidades Autónomas nos tienen acostumbrados a esos escandalosos juegos de palabras. Baste citar la desvergonzada -y posiblemente inconstitucional – ley 5/2012 de 12 de diciembre que ha aprobado la vecina Comunidad de Madrid, que para mayor escarnio, se llama de Viviendas Rurales Sostenibles. Ni viviendas, ni rurales ni sobre todo sostenibles, y además un monumento a la incultura urbanística, geográfica y paisajística. Bien merece el apodo de ley ViRuS que se le ha dado por el acrónimo y por su carácter mórbido. Por si se extiende el virus resumo su intención y contenido. Pretende dar cumplimiento con ella al derecho constitucional de los madrileños a vivir en contacto con la naturaleza y por ello se les permite construir una vivienda unifamiliar… eso sí siempre que tengan las seis hectáreas que se establece como unidad mínima, lo que me temo que deje fuera del mencionado derecho a la inmensa mayoría de los madrileños. Si por fortuna se poseen los 60.000 m2, la vivienda podrá ser de hasta 900 m2.
No voy a pormenorizar las livianas condiciones que se establecen, ni tampoco el posible vicio de inconstitucionalidad que supone sustraer a los ayuntamientos la competencia de la licencia en toda regla y convertirlos en meros legitimadores de hechos consumados. Ya lo hizo Eduardo Mangada hace unos meses en un artículo que expresivamente llamaba “la casita asesina”. Lo que sí quiero es llamar la atención sobre el insulto a la inteligencia y al sentido común que supone llamar a semejante desafuero “rural y sostenible” cuando promueve la edificación residencial dispersa, la más insostenible de todas, ya que además se hace sin limitación de infraestructura (viarias, energéticas, residuos, etc.) siempre que corran a cargo del propietario. Y también quiero señalar lo que hiere mi sensibilidad profesional que se hable de que las nuevas edificaciones “respetarán el paisaje” simplemente porque al ser de una planta no deben causar demasiado impacto visual. Se hace así un uso del término puramente superficial y visual, sin pensar en el valor patrimonial de configuraciones rurales resultado de largas interacciones de los procesos naturales y humanos. El plan de privatización de MUP y la ley de VRS son contrarios al Convenio europeo del Paisaje suscrito por España, a las leyes urbanísticas y forestales vigentes, y en ciertos aspectos a la propia Constitución.
Josefina Gómez Mendoza
Catedrática emérita de Geografía y de
las Reales Academias de la Historia y de la Ingeniería
Magnífico artículo, bien documentado, a ver si lo leen los que deben y reflexionan antes de ejecutar.
Gracias, fagus sylvatica. Como todo está desquiciado, pues no se si alguien repensará algo. Estaba yo pensando ahora que mientras todos nuestros allegados profesionales se tienen que ir al extranjero, cuántos son los políticos que lo han hecho, si no es con un fantástico puesto, v.g (que escribiamos antes), Vibiana Aído. Y ya más al hilo de los comentado, crees que el Dehesón de Oropesa es que sale desde la carretera para subir hacia Gredos?
Bonito texto, por dibujar lúcidos hilos de pensamiento sobre el territorio, por informar, por ayudar a entender, por lo sintético, por lo indignado. Bs
¿Te parece realmente muy indignado? Sí lo estoy, pero no creía que se me traslucía tanto. Cuál es tu destino este de geoteca. ¿el mismo de antes? Un abrazo
Gracias por este lúcido artículo. Desde Madrid, donde vivimos el insulto de la Ley ViRuS, os apoyamos. Difundiremos el problema por nuestras redes eQuo. Abrazos.
Lo de la ley ViRuS es indescriptible. Como lo de Eurovegas. Y me temo que todo ahora tenga que ver con ello y para ello.
magistral.
¡MUCHAS GRACIAS POR ESCRIBIRLO!
Y gracias por leerlo, Jesús.
Magnífico. Lástima que la capacidad de sonrojarse no sea una de las cualidades habituales en nuestros responsables políticos.
En efecto. Ni la de escuchar, ni la de salir de ese mucho tan cerrado e interesado que se han fabricado,
¡Bravo Josefina!, las cosas claritas como el agua de los arroyos de Gredos. Esto es la debacle, no tienen límite ni freno.
Enhorabuena Josefina, creo que has conseguido reflejar perfectamente y de un modo muy didáctico lo importante que ha sido y es el Catálogo de MUP en la historia forestal y medioambiental en España. Iniciativas como la tuya son necesarias para informar a la sociedad de lo que está en juego.
El argumento de la falta de rentabilidad es falaz e interesado, pues sólo busca justificar ante el gran público (que no termina de entender del todo el beneficio social de los montes) una supuesta mejora de las arcas públicas, que desde luego en C-LM 45 millones frente a 8.400 millones de presupuesto en este año 2013 no se aprecia esa utilidad ni siquiera a corto plazo.
Un problema al que hay que hacer referencia es al carácter (casi) siempre discreto y prudente de los profesionales que trabajan en el medio natural. En situaciones como esta hay que hacerse oír, argumentar, informar, difundir y sensibilizar sobre tan preciados bienes. Como Ingeniero de Montes y castellano-manchego me preocupa mucho este tema.
Un abrazo y te reitero una vez más mi enhorabuena.
Gracias Carlos por el comentario, y gracias por insistir en la labor ímproba, eficaz y de gran cultura territorial y biollógica que fue el Catálogo MUP. Sí creo que el argumento de la falta de rentabilidad es falaz, por las famosas externalidades y porque si le interesa a un privado porqué no lo puede explotar el gestor público, salvo que lo que se vaya a hacer es cambiar el uso, allí o al lado. Yo tengo (en general, como tu ‘casi) gran respeto por el conocimiento, discreción y prudencia de los técnicos de montes, y pocas veces en mi vida investigadora he aprendido y disfrutado tanto como cuando leí página a página las revistas de montes del siglo pasado. Recuerdo la emoción que me produjo leer en la de capataces forestales la noticia de «Victor Hugo ha muerto, Nada volverá a ser igual», lo decía así más o menos. ¡Qué tiempos, se quería «hermanar la ciencia y la administración»!. Estudiar a Agustín Pascual, a García Martino, a Castellarnau me valió que me nombraran «ingeniera de montes de honor» y lo agradezco mucho. En fin, lo que no dejaremos de hacer, como tu dices, es oir, y tratar de ser oidos, argumentar, difundir, sensibilizar.
¡Qué gran artículo Josefina!
Desde que tengo uso de razón, el insulto a la inteligencia y al sentido común por parte de las «élites» que nos representan me parecen constantes y completamente desvergonzados. Como muy bien señalas, «sin dar explicaciones, como si la elección democrática de una mayoría de gobierno justificara cualquier acción arbitrista de la que evidentemente no se había hablado en el programa electoral».
Si la búsqueda del bien común -basada en la verdad y en la reflexión- guiasen las acciones de aquellos que toman las decisiones en representación del pueblo, tendrían en cuenta las diferentes voces de aquellos que llevan su vida dedicados al tema sobre el que han de decidir (los montes, la propiedad y la política forestal, en este caso).
Y desde la limitada perspectiva que me ofrece mi edad, creo ver un consenso bastante general en torno a las devastadoras consecuencias que tuvo la ley Madoz sobre la naturaleza y la vida rural, al incluir los bienes de propios y comunes de los pueblos, obligándoles a vender aun contra su voluntad.
En mi opinión, las élites saben, por la experiencia acumulada durante generaciones, que esto que pretenden -y que no vamos a dejar que culminen- es otra sustracción a la sociedad y la a naturaleza en beneficio propio. La jugada es perfecta: Yo, político, me pongo una medallita consiguiendo liquidez a corto plazo y tú, primo-hermano-marido mío con dinero, te quedas con un tesoro a precio de saldo. Y lo disfrutamos juntos nosotros, nuestros hijos, nietos… y así durante generaciones.
Y más si, como apuntas, introducimos en la ecuación la ley ViRuS.
Esto sólo puede llevarse a cabo desvinculando a los ciudadanos de su territorio. Y para ello nada mejor que alejarlo de la toma de decisiones, como pretende la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la que se propone suprimir las 3.725 entidades locales menores existentes; un verdadero golpe de gracia para los montes comunales y para el autogobierno de aquellos que vivimos en contacto con él, el archicitado mundo rural que tanto dice promover el Estado y la UE.
Pablo Urivelarrea
Ingeniero de Montes
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/130712-enlacesostenibilidad.htm
En relación con Los Montes de Toledo, espero comenzar estos días la lectura de «Bienes comunales de los Montes de Toledo: II Reforma agraria vecinal y reforma capitalista», de Alejandro Nieto.
Anita, sí que es la debacle. Temíamos mucho, pero ¡tanto!. En fin, aquí estaremos, aunque creo que definitivamente no nos lo merecemos. Y, por cierto, los que han vivido «·por encima de… » serán algunos, que nosotros allí en la Facu.. más bien, no.
Gracias, Pablo, por el comentario, y por enviar el anteproyecto de la ley de administración local. A mí, de antemano todo lo que se llama ley de racionalización y de sostenibilidad me da miedo, porque como tú bien dices, además del daño que entrañan van con recochineo, en contra de todo sentido común y raciocinio de mucha gente. Me gusta que cites a Alejandro Nieto, magnífico administrativista y yo creo que uno de los mejor conoce la lógica de los bienes comunales: lo primero que leí al empezar a invesigar fue precisamente sus Bienes Comunales, yo trabajé la venta de baldíos y comunales por Felipe II: ya te puedes imaginar, nada ha cambiado mucho en lo relativo a la sustracción q pueblos y vecinos, como no podian demostrar que eran del común, pues las declaraban de realengo y se las vendían, a veces a ellos mismos. Y, ahora que lo dices, solo ojeé en su día su libro de los Montes de Toledo y lo voy a leer a fondo. Dos cosas más. Julio Muñoz Jimenez, un geógrafo geomorfólogo de la Complutense, ha trabajado muy bien los Montes. Y la segunda, el libro que más me gustó de Nieto, fue el de la Organización del desgobierno: es de una lucidez apabullante, te lo recomiendo. Creo que luego publicó una «nueva» organización del desgobierno.
Bravo, Josefina, magnífico, aunque, para mi gusto, sin la dosis de «indignación» necesaria. Por lo que yo sé, el Dehesón del Encinar, antes creo, del Duque de Frías, no se puede decir que está al pie de Gredos. Parte de un poco más allá de las poblaciones de Parrillas y Navalcán, después del embalse de este último pueblo y por lo tanto del río Guadyerbas y está a la altura, por un lado, del Cristo de Corchuela y, por otro, de las Cuevas del Águila, lugares que tú conoces bien. Debe de llegar hasta Torralba de Oropesa, muy cerca de la carretera A5, aunque este último dato no lo he podido comprobar. Felicidades de tu hermana que mucho te quiere
María Gómez Mendoza
María, qué ilusión que estés aquí. Pero si tú me dices que me falta indignación y Concha que me sobra, pues me queddo suspensa. La verdad es que indignación en los últimos meses la tengo a raudales. Gracias por la precisión sobre dónde está el Dehesón. En todo caso, respeto, conocimiento y reconocimiento para las dehesas y el patrimonio. De todos los tipos. Que también quieren privatizar la gestión de Segóbriga.
Buenos días Josefina y amantes de los montes en general.
Soy Alcalde de un pueblo de Castilla y León donde el Ayuntamiento es propietario de más de 3.000hª de pinaster.
Estamos resinando desde hace dos años, al principio en contra de la propia Junta.
Aquí han dejado caer la idea de «apadrinar montes», y cuando he preguntado como se come eso pues nuestros montes tienen padres que los quieren, me comentan que igual grandes empresas, a cambio de «algunas deferencias» por nuestra parte estarían interesadas en hacerlo dado que la Junta no aporta ni un céntimo para la conservación, ni ordenación. Ni siquiera para hacer un inventario, procuraremos hacerlo con nuestro fondo de mejoras.
Me da escalofríos pensar que cualquiera de las grandes empresas eléctricas, gasísticas etc nos apadrinen, pues se sobradamente que no dan puntada sin hilo. ¿Visitas guiadas al monte en agosto para las familias de los «padrinos»? ¿Qué hacemos con los tábanos y otras especies similares? Nos prohiben, creo que con buen criterio, hacer fuego en los montes, ni aún en los lugares destinados y preparados para recreo y ocio y vamos a salir de excursión con grupos de personas que no conocen el medio.
Vale que me voy calentando.
Yo he pasado el umbral de la indignación en muchos ámbitos, pero en este es como si pretendieran robarnos el esfuerzo de nuestros ancestros y el nuestro propio.
Te agradezco que una persona de tu talla escriba esta serie de artículos y espero que puedan leerlo la mayoría de los responsables e irresponsables en la materia.
Un fuerte abrazo y continúa ilustrándonos.
Hola, Ricardo, y gracias por tu comentario, por información, y por la indignación que te produce. Lo que cuentas de «apradinar» montes produce efectivamente escalofrío y sonrojo: qué humillación además de qué expolio. «Empresa madrina de MUP número …. » Cómo tú dices, como si no tuvieran dueños! En fin está bien que lo sepamos todos.
Enhorabuena, señora Mendoza, por tan magnífico artículo que hasta Granada me envía una querida amiga de Castilla la Nueva, en que denuncia un nuevo y aberrante proyecto político que pretende hurtar a todos los españoles, sí, hurtar, hablemos claro de una vez, disimulando el hurto con un pago simbólico, lo que es de todos los españoles, de todos nosotros. ¡Qué aberración camuflada con argumentos pretendidamente razonables de rentabilidad económica y demás!… Por otro lado, es una consecuencia más, a mi entender, de los perniciosos efectos de las autonomías regionales, que no sirven para nada y se han convertido en el mayor lastre de España: la casta política, el régimen de dominio absoluto de los políticos en que vivimos, régimen que en un artículo mío denominé como el de «la políticoscracia» (publicado en el diario Ideal, de Granada, y que se puede leer en «el blog de juan chirveches») la casta política digo, se ha dado cuenta de que haciendo sus barbaridades y caprichos de forma parceladamente regional, es decir, por regiones autónomas, tiene menos oposición que si lo hacen de forma global. No es lo mismo la presión que sobre ellos y sus caprichos pueden ejercer los habitantes de cuatro o cinco, o una o dos provincias, que si se les echa encima todo el país, toda la nación. De manera que, han decidido lograr sus intereses parcela regional a parecla regional. ya que, a la postre, la suma de todas viene a resultar lo mismo que si lo hicieran a nivel nacional, pero con mucha menos presión. Es la nueva táctica de estos ¿cómo llamarles?: ¿caraduras, por ser suaves y correctos? Pero, ojo, que aquí no hay derechas ni izquierdas, ¿eh? Sólo hay intereses de partido y de integrantes de partidos. Da igual el color. Sólo hay que fijarse en la cantidad de políticos cuyos maridos, mujeres, hermanos, hijos, parientes en general, tienen intereses o se dedican a lo inmobliario para darse cuenta de la verdadera razón de lo que ha pasado en España estos años atrás… ¡Y sigue pasando! En fin, señora Mendoza, saludo su valiente artículo con entusiasmo, hay que parar semejante barbaridad y expolio de lo que nos pertenece a todos. Enhorabuena y un saludo cordial desde Granada. Juan Chirveches.
Hola Josefina,
Un artículo extraordinario, estaría muy interesante que lo difundieses por todos los foros posibles, y sobre todo explicar todo esto con un lenguaje llano al pueblo, especialmente a la población que reside en los municipios que se podrían ver afectados por la posible venta de estos bienes públicos.
Un saludo.
Luis Díaz Villaverde.
Presidente de APAM-CLM (Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha).
Bienvenidos Juan y Luis, y gracias por vuestros comentarios. Quizá un versión reducida la publique El País y espero que se entienda. Seguiremos juntos en la brecha.
Buenas,
me sumo a las felicitaciones generales por el artículo, que yo encuentro en su punto justo de indignación: ni demasiada (que suele resultar molesta), ni demasiado poca (que podría parecer blanda). Y aprovecho para agradecer a la autora su reciente comentario sobre el último post toponímico de mi blog, «Cap de Creus». Un beso, AM.