Los pontevedreses, me consta,  vivían contando los meses y los días para el cierre de la fábrica de Celulosa -ahora de ENCE por cosas de la privatización- que tenía que acontecer en verano 2018. Vano anhelo: el Gobierno ¿en funciones? ha prorrogado la concesión sesenta años, hasta 2073. De nada ha servido la continua oposición de la opinión pública ni el requerimiento de la Audiencia Nacional (19.5.2011), ratificado por sentencia del Tribunal Supremo (11 de julio 2014), instando al Estado a incoar expediente de caducidad de la concesión. El primero era anterior a la promulgación de la nueva ley de 2013 de protección y uso sostenible del litoral; y la sentencia del TS anterior a la publicación del Reglamento de dicha ley. Porque lo terrible del caso es que la prórroga de la fábrica de ENCE en la ría de Pontevedra se ha hecho valiéndose de una ley de “protección y sostenibilidad del litoral”. A lo que puede llegar el retorcimiento y la perversión en el uso de la palabras.

La fábrica de Celulosa fue instalada por el Instituto Nacional de Industria sobre 612.500 m2 en la ría de Pontevedra, al suroeste de la ciudad, en la franja de tierra y marismas comprendida entre el ferrocarril de Pontevedra a Marín y la carretera entre los dos puertos, que luego fue convertida en autovía de circulación rápida: alguien ha debido pensar eso de que el paisaje se mira desde el coche.  Apenas un año después era transferida a la E.N. Celulosas de Pontevedra. Era el momento de la irresistible expansión de las celulosas, “una nueva etapa de la economía contemporánea con una velocidad desenfrenada para el consumo de la celulosa mientras el mundo vegetal se repone a compás”, decían diez años antes los autores de una monografía dedicada precisamente a estudiar cómo acelerar ese compás en el caso del pinus pinaster que se había plantado en grandes superficies. La Diputación, gobernada más de treinta años por Daniel de la Sota, se había encargado de convertir a la península del Morrazo entre las rías de Vigo y Pontevedra, en un lugar pionero de la repoblación de pinos y eucaliptos, favoreciendo un eventual desarrollo de la industria papelera por la que De la Sota luchó muchos años. Fue un proyecto que en su día alabó Castelao (“Veo los montes repoblados y cubiertos de pinares. Veo las grandes fábricas de papel… “) y al que no hizo ascos la República. Las repoblaciones masivas de la Diputación de Pontevedra han sido estudiadas con detenimiento en varias ocasiones[1]. De la Sota parecía no dar puntada sin hilo, la Diputación provincial había adquirido en 1941 el histórico palacio de Lourizán, propiedad de los herederos de Montero Ríos, que se extendía hasta la hermosa playa del mismo nombre. Lo convirtió en centro de Investigación forestal, lo que sigue siendo. Estaba a escasos kilómetros de la Misión Biológica de Galicia instalada en Salcedo, creada por la Junta para Ampliación de Estudios, y convertida con la dictadura en Centro de experimentación del CSIC: un centro particularmente mimado por José María Albareda, el Secretario omnipotente del Consejo, rector de toda la investigación aplicada de  aquellos años, que mantenía una estrecha relación con De la Sota.

A la fábrica de pasta de papel vinieron a añadirse otras industrias en el mismo emplazamiento, sobre todo ELNOSA, la de cloro. En dominio marítimo-terrestre, claro. La integridad, la armonía y la dinámica ecológica de la ría, los procesos litorales, los recursos pesqueros y marisqueros, la calidad de las playas (Lourizán y Placeres), el patrimonio rural y arquitectónico, los  valores paisajísticos, todo quedó dañado y mermado con la instalación de la fábrica, las infraestructuras y demás industrias que acudieron.  Durante muchos años la Celulosa se ha hecho merecedora del calificativo de “la cheirona”, (aún más ¡“la peideira”!) por parte de los pontevedreses, por el olor pestilente con que inundaba la ciudad cuando soplaba viento del suroeste. En la segunda mitad de los años ochenta surgieron las primera plataformas ciudadanas de Defensa de la Ría que luchaban por la desmantelación de la pastera y la recuperación de los ecosistemas de litoral. Fernando Martínez Sarandeses, arquitecto formado en medio ambiente en USA, fue su primer presidente. También se han hecho oír desde hace años el planeamiento urbano contrario a la instalación, el ayuntamiento de Pontevedra, el de Poio, del otro lado de la ría. Incluso la Xunta de Núñez Feijóo declaraba en 2009 que el traslado de la Celulosa en 2018 era “una cuestión irrenunciable”. Bien es verdad que ENCE no se daba por enterada y seguía haciendo inversiones en su planta pontevedresa.

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Hasta diciembre 2011, momento en que todo se acelera. El organismo ambiental de la Xunta le renueva a la fábrica, sin previo aviso,  la Autorización Ambiental Integrada el 23 de diciembre de ese año . La empresa acomete modernizaciones y asegura en su página web que ha cumplido sus primeros cincuenta años “en un entorno único junto a la ría, siendo un ejemplo a seguir en cuanto a gestión ambiental”. El gobierno acomete entonces la que llama “modificación” de la ley de costas  de 1988: se trata de la ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, que en realidad supone el “desmantelamiento” de la anterior como ha dicho el ingeniero Miguel Ángel Losada: constituye una ley que va a permitir que se inicie el último ciclo devastador de la costa. Recuerdo bien la discusión del dictamen en el pleno del Consejo de Estado: de alguna forma se puso de manifiesto en las intervenciones, y sutilmente en el dictamen, que la ley hacía lo contrario de lo que proclamaba en sus primeras líneas: mientras afirmaba en la exposición de motivos que los poderes públicos tienen el deber inexcusable de proteger la costa española, y los ciudadanos el derecho constitucional de disfrutarla; en su texto no incluía ni un solo artículo dedicado a la restauración de los procesos litorales, ni de los ecosistemas, ni del paisaje, ni del medio ambiente original. En realidad, es una ley para garantizar “la seguridad jurídica” de las concesiones (a las que se puede prolongar 60 años), el llamado “equilibrio” entre los distintos intereses;  en palabras de Losada, una ley de protección con dinero público de los derechos privados en la costa. La finalidad principal de la ley 2/2013 es regular y proteger las actividades económicas en el medio litoral. Lo demás es envoltorio[2] y asustar con lo de siempre: la posible pérdida de empleo y la falta de garantías a los actores económicos.

Sin duda esta preocupación por la “seguridad jurídica” de los concesionarios ha sido muy útil en el caso de la ENCE, y desde luego interesada y expeditivamente manejada en la Resolución de la Dirección General de la Sostenibilidad de la costa y del mar, de 20 de enero 2016 que otorgaba a ENCE, Energía y Celulosa, Sociedad Anónima, la prórroga de la concesión de la ocupación de 373.524 m3 en la franja de dominio público marítimo terrestre de la ría entre Pontevedra y Marín. Se argumenta en efecto desde el principio que el nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad: en el caso de la Celulosa equivale a prolongar la concesión 60 años, hasta 2073, porque  fue en noviembre 2013 cuando la empresa pidió la prórroga. “El plazo queda vinculado al cumplimiento del Programa en materia de eficiencia energética, ahorro energético y calidad ambiental en la planta de ENCE”, suscrito por un ingeniero industrial, reduciéndose, si no, la concesión a … 50 años. En ese momento de la resolución viene una de las frases antológicas de la misma: “El concesionario deberá proceder  a la eliminación de las balsas de seguridad existentes actualmente dentro de la concesión, una vez ejecutados los proyectos de mejora presentados por el concesionario y que permitirán la eliminación de las citadas balsas así como a realizar un tratamiento de integración de dicha zona una vez eliminadas las mismas, que sea acorde con las actuaciones de integración paisajística de las instalaciones previstas.” Menos mal que nos ahorra otra repetición de ‘una vez eliminadas las balsas’. Pero ¡qué miedo para una geógrafa eso que se llaman operaciones de integración paisajística de las instalaciones!

Si he dicho que la Resolución me parece expeditiva, incluso descarada, es por la desenvoltura con la que resuelve las alegaciones de los ayuntamientos de Pontevedra y Poio y de las plataformas ciudadanas, después de no haber contestado solicitudes en meses. A los concellos de Pontevedra y de Poio les dio un plazo de alegaciones de quince días ¡en vacaciones de navidad! (21.12.2015 y el 4.1.2016), que no se consideró necesario ampliar. Tampoco merece más consideración el ayuntamiento de Poio que pidió que de ninguna manera se tomara la decisión antes de la formación del nuevo gobierno. Ni las plataformas Encefora Gal o la veterana Asociación pola Defensa da Ria que fueron rechazadas por final del periodo de impugnaciones o porque los procedimientos administrativos quedan fuera del ámbito de la acción popular. Creo que no se puede presentar una resolución de tanta trascendencia que logre separar más a los ciudadanos de su administración. Para qué recordar también que, en la frustrada legislatura, se aprobó por parte de todos los grupos menos el Popular, una propuesta no de Ley para anular la concesión.

ENCE ha seguido a lo suyo: amenazando con la pérdida de empleo, sobre todo en el sector forestal, publicando los datos sobre que cumple lo estipulado por la AAI y los mínimos de la UE, advirtiendo que es Chlorine free, y que lo único que falta es integrar la factoría en el paisaje. Para ello convocó un concurso con jurado de expertos en el que la mayoría de las propuestas optan por cubrir las naves para evitar el impacto visual, un revestimiento para tapar la cheirenta (bien es verdad que se ha disminuido el olor)  eso sí, con troncos de árboles, ¡qué gran integración! Les ahorro las fotos de los proyectos seleccionados y del premiado, pero sepan que llevan nombres como “el bosque encantado” o “o Barco de Bela Helenes”. Miren que didáctico esquema.

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Finalmente hace unos días que ENCE ha ofrecido un “pacto ambiental” a Galicia comprometiendo unas inversiones de 176 millones y la máxima colaboración a los ayuntamientos de Pontevedra y Poio.

Han dicho los medios de comunicación que en la decisión del gobierno en funciones ha sido fundamental la presencia de destacados miembros del partido del gobierno y de la Xunta en el Consejo de administración de la empresa. Ni entro ni salgo, y quiero creer en su independencia. Han dicho también los medios de comunicación que en la alternativa entre perder empleos en lo inmediato y restaurar la ría en la jurisdicción de su ciudad de origen, Rajoy ha optado por salvar los empleos. El presidente “en funciones” ha dicho hace poco que él es de Pontevedra, que quiere a Pontevedra, que ha vivido en Pontevedra, y estudiado en el Sánchez Cantón, y que quiere morir en Pontevedra dentro de muchísimos años. Le deseo que así sea, pero por lo visto lo va a hace con la misma carencia de pituitaria.

Yo me limito a decir que la fábrica de Celulosa en la ría de Pontevedra queda como un ejemplo escandaloso del modelo económico del franquismo más autoritario y de las decisiones territoriales más ciegas con el medio ambiente y con los daños sociales y ciudadanos. Que ese modelo del crecimiento económico anacrónico, indiferente al medio ambiente, el territorio y el paisaje, se prolonga en el segundo decenio del siglo XXI a tres tercios del mismo. Que se resuelve, para mayor escarnio, bajo el nombre de sostenibilidad del litoral: eso sí que es un “revestimiento” escandaloso para quienes creemos en que los hechos deben ajustarse al menos algo a las palabras y no manipular estas. Y que los ha aprobado un gobierno en funciones, que no lo ejerce en propiedad y solo debe despachar asuntos corrientes que aseguren la continuidad institucional.


[1] López Torres: La repoblación de Pontevedra. El gran proyecto de Daniel de la Sota hecho realidad (1927-1958), Diputación de Pontevedra 2009. Rico Boquete, Eduardo: Política forestal e repoblacións en Galicia (1941-1971), Universidade de Santiago de Compostela. 1995.

[2] Losada, Miguel Angel: “La modificación de la ley de Costas de 1988. El inicio de un nuevo ciclo devastador”, Revista de Obras Públicas, 3543, mayo 2013, pp. 51-58. Hay que decir que la revista publica también un artículo de posición contraria: Saavedra, Pablo: “Mitos y verdades sobre la reforma de la ley de Costas. A favor”, Ibid, pp. 47-50.

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